Volterra y Monteisola Abogados se trata de un despacho de abogados multidisciplinar que protege tus intereses y derechos.

Volterra y Monteisola Abogados nació en el año 2018, por la unión de dos profesionales y amigos, Diego Jara Mateos y Francisco José Hernández Maestre. Ambos decidieron que les gustaría volver al proceso. En lugar de prestar servicios en asesorías a puerta cerrada, sin la calle y sin contacto con el cliente, quisieron volver al origen de la abogacía, esto es, al contacto directo y cercano con el cliente.

Diego Jara venía de un despacho profesional (Litis&Lex) que se dedicaba fundamentalmente al mundo del derecho penal y del derecho laboral. Francisco José Hernández era un privatista de los pies a la cabeza. La unión de dos perfiles tan opuestos daba la estabilidad necesaria al negocio de manera inicial. Y así fue, ya que el despacho en 2019 presentó ganancias, y en 2020 ya factura normalmente. Si bien, el equipo permanente del despacho siempre fueron dos letrados, sus socios fundadores Diego Jara Mateos y Fco. José Hernández, en este tiempo han pasado y siguen formando parte del despacho otros profesionales, contando en estos momentos con una plantilla total permanente de tres letrados y puntualmente llegando a los 5.

Por último, a comienzos de este año, el cofundador, Diego Jara Mateos hubo de abandonar el despacho por haber adquirido la condición de Letrado de la Administración de Justicia. En la actualidad, dirige el Despacho, Francisco José Hernández Maestre, abogado en Sevilla, nació hace 32 años en un pequeño pueblo de Huelva (Beas) y con 21 años llegó a Sevilla para ejercer como Abogado. Es socio director de Volterra y Monteisola Abogados y Asesores desde el año 2018. Licenciado en Derecho por la Universidad de Huelva en la promoción 2006-2011, ex opositor a judicatura, Abogado ejerciente desde el año 2012, Master en la Universidad Internacional de Andalucía en Dirección de Personas año 2013 y MBA por EFEM en 2014. En el año 2012, cuando llegó a Sevilla, comenzó su carrera profesional en el Despacho de D. Gonzalo García de Polavieja, de ahí pasó a formar parte de la asesoría jurídica del Grupo de Empresas que preside Martínez Retamero. Ha sido asesor jurídico de este grupo pasando por distintas áreas. Comenzó en el departamento de procesal, y de ahí pasó a Tributario, para, finalmente ejercer en el área de Mercantil, donde aún sigue colaborando.

¿Cuál es el proceso que se debe seguir para pedir una cita con vuestros abogados penalistas?

Para solicitar una cita con nuestro Despacho, se puede contactar con nosotros a través de teléfono. Asimismo, la cita se puede concertar a través del formulario de la web o a través de la dirección de correo electrónico. En el primer encuentro que tengamos con el cliente siempre será atendido por el Socio director del despacho. Este derivará el asunto del cliente al Letrado cuyo perfil y especialidad sea requerida para solventar el problema que se le plantea. En posteriores consultas o asuntos, el Letrado que le atienda podrá plantear la necesidad al socio director de que intervenga otro especialista para otro asunto y se le asignará un nuevo Letrado, aunque siempre trabajando en equipo con el Letrado de confianza del cliente para que esté puntualmente informado de todos los casos. En nuestro despacho no tenemos asuntos, tenemos clientes, y se intenta que la intervención de los especialistas se realice como soporte. No consideramos que sea una buena forma de asesorar que cada vez que un cliente tenga un asunto de distintas materias tenga que pasar por un rosario de Letrados del mismo despacho, perdiendo la referencia de su persona de confianza.

¿Cuáles son las etapas de un proceso penal de acuerdo al código español?

En realidad, el código penal, no regula un proceso, ya que es una norma sustantiva que regula actos ilícitos, pero no cómo se juzgan. Los procedimientos penales se regulan en la Ley de enjuiciamiento criminal y, cuando sea especiales, a través de sus propias Leyes, por ejemplo la Ley de responsabilidad penal del menor o el procedimiento castrense. Aclarado lo anterior, nuestra Ley de enjuiciamiento criminal, establece distintos procedimientos penales, ya sea un enjuiciamiento de un delito rápido, ya sea un procedimiento ordinario, o abreviado, unas diligencias urgentes, en definitiva, no hay un único tipo de procedimiento penal. Hay actos comunes a todos los procedimientos que se refieren a la forma de iniciación ya sea por denuncia, querella, atestado o diligencias de investigación del Ministerio Fiscal, que conlleva la apertura en el Juzgado de instrucción de diligencias previas para constatar si los hechos narrados pudieran tener el carácter de delictuales. A partir de ahí, dependiendo del tipo de penalidad que tenga tipificada el delito del que hablemos, se optará por la celebración de un juicio –caso de delito leve– o la formación de una instrucción –caso de sumario– o la elevación al juzgado penal para resolverse –proa (Procedimiento Abreviado)–. La fase de enjuiciamiento, salvo en los delitos leves, corresponde siempre a otro órgano judicial, nuevamente dependiendo de la penalidad tipificada que puedan tener los hechos se enjuiciarán ante el Juzgado de lo penal o ante la Audiencia Provincial, dónde se celebra el plenario que es el lugar donde se practica la prueba y se dicta sentencia.

¿Cuánto tiempo en promedio podría durar un juicio penal? ¿Qué factores afectan este tiempo?

El tiempo que dura un procedimiento penal en España varía fundamentalmente en función del atasco judicial que exista en el Juzgado que nos haya tocado. Ciertamente, la instrucción debe estar resuelta en el plazo máximo de 6 meses, prorrogables en situaciones de especial complejidad. La realidad es que en pocas ocasiones está resuelta en ese tiempo. Bien es cierto, que la media de resolución de asuntos penales suele rondar entorno al año y medio y hasta los dos años desde que se inicia el asunto. Los factores que afectan son tanto externos al procedimiento (como el atasco judicial, vacaciones de los funcionarios, administraciones que intervienen) como internos (recursos que se interponen durante la instrucción que deben resolver otros órganos judiciales, que tienen su propio atasco, etc.).

¿Cuáles son, en breve, los derechos de un acusado mientras no sea condenado?

Los derechos que asisten a cualquier persona que se vea acusada de un delito en España son los contenidos en el artículo 118.1 de la LECRIM (Ley de Enjuiciamiento Criminal), que son los siguientes: Derecho a guardar silencio y no prestar declaración si no desea hacerlo. Derecho a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Derecho a la asistencia letrada para la defensa. Derecho a la información de la acusación. Derecho a proponer prueba y a realizar alegaciones sobre las pruebas practicadas, entre otros derechos más específicos.

Fuente: ProntoPro